La aprobación de la ley contra la extorsión por parte del Congreso de Baja California representa un gran paso, aunque los diputados tardaron en concretarla, consideró Guillermo Rivera, director general del despacho De la Peña y Rivera.
Lamentó que, en un inicio, algunos funcionarios hayan señalado que no existían pruebas suficientes para acreditar la presencia del delito de extorsión, postura que, afirmó, no correspondía con la realidad que vive la ciudadanía.
De igual manera, señaló que la aprobación de esta ley no surgió como una iniciativa propia del Poder Legislativo local, sino como parte de una política impulsada a nivel nacional.
Respecto a las reformas a la ley en materia de personas desaparecidas, el litigante subrayó la necesidad de asignar mayor presupuesto, así como de implementar una política pública real y efectiva que permita atender de fondo esta problemática.
Finalmente, precisó que la próxima inauguración de un edificio para la atención de casos de personas desaparecidas en Mexicali no es sinónimo de resolver la situación, si no va acompañada de recursos, estrategia y acciones concretas.
Nota por Mauricio Higuera e Israel González Cano
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