En medio de la polémica que envuelve al municipio de San Quintín, donde parte de la población ha manifestado su inconformidad con la alcaldesa Miriam Cano, incluso mediante el cierre de la carretera transpeninsular por varios días, el diputado Juan Manuel Molina García informó sobre los alcances legales del movimiento ciudadano.
El legislador explicó que, tras una reunión sostenida entre varios diputados y la ciudadanía, se determinó que el proyecto de revocación de mandato no procede, ya que únicamente se cuenta con una iniciativa ciudadana y no con el instrumento legal necesario para activar dicho mecanismo.
No obstante, señaló que durante el diálogo se plantearon dos vías alternas en caso de que la población decida continuar con el proceso: una revocación a través del cabildo municipal o bien mediante un juicio político.
Molina García indicó que una de las principales quejas de la ciudadanía es la forma en que se aplica el presupuesto de egresos del municipio. A pesar de los conflictos actuales, sostuvo que no fue un error la municipalización de San Quintín, ya que se trató de una demanda histórica de la propia población.
Nota por Arath Castillo y Cristian Ibarra
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