A partir de agosto de 2025, por ley se debieron retirar a los elementos de seguridad pública que fungían como escoltas de empresarios y se debía reevaluar este servicio para funcionarios.
La fiscal de Baja California, Ma. Elena Andrade, admitió que estas evaluaciones aún no concluyen en la entidad, pues todavía hay funcionarios que cuentan con este servicio.
Según declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, a más tardar en 30 días se tendrán los resultados del análisis de riesgo para determinar a quiénes se les retirará el servicio.
Actualmente, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana brinda resguardo a los alcaldes de Tecate, Rosarito y San Quintín, mientras que la mayor cantidad de escoltas en este momento corresponde a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Nota por Tiffany Abish y Miguel Almaraz
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