La política migratoria de los Estados Unidos dio un giro drástico en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al instruir a sus agentes detener la práctica de ingresar a viviendas privadas sin una orden judicial firmada por un juez. Esta medida, comunicada verbalmente a los oficiales y confirmada por fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) este 23 de abril de 2026, busca revertir una de las tácticas más agresivas de la agencia.
La decisión surge tras meses de intensa presión y críticas legales. En mayo de 2025, un memorando interno autorizó a los agentes a realizar entradas forzosas utilizando únicamente órdenes administrativas (Formulario I-205), emitidas por la propia agencia y no por un tribunal independiente. Organizaciones civiles y legisladores denunciaron esto como una violación directa a la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., la cual protege contra registros e incautaciones arbitrarias.
Por su parte, el DHS ha indicado que la medida busca “recalibrar” las operaciones para que sean más efectivas legalmente y menos disruptivas, alineándose con precedentes judiciales recientes. Se recuerda a la comunidad que una orden administrativa de ICE no es equivalente a una orden judicial; solo un documento firmado por un juez otorga permiso legal para entrar a una propiedad privada sin consentimiento.
Nota por Rafael Torres
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