La Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, organizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se encuentra en el centro de la polémica. Las bases de la convocatoria establecen que en la primera y tercera etapas del proceso deberá garantizarse que al menos el 50 por ciento de los avanzados o becados sean niñas y adolescentes mujeres, una medida que críticos y padres de familia tachan de discriminatoria.
El debate no se limita a las redes sociales. Especialistas y ciudadanos cuestionan que una competencia dedicada a reconocer el desempeño académico deba basarse en el conocimiento y no en el sexo de los participantes. El malestar se agudiza ante el mecanismo de desempate: en lugar de acudir a criterios objetivos como evaluaciones complementarias o rendimiento por áreas, la convocatoria establece como primer filtro el género. Para los detractores, esta disposición contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley y sugiere, entre líneas, que las niñas no podrían superar por méritos propios la barrera del género.
Otro punto que alimenta la controversia es la incertidumbre ante escenarios donde los mejores puntajes no reflejen la cuota exigida. Aunque la SEP no señala explícitamente que se desplazará a niños con mejor rendimiento, la redacción ha encendido las alarmas sobre si el cumplimiento de la paridad podría prevalecer sobre el esfuerzo académico. Así, la polémica pone en la balanza el alcance de las políticas de igualdad impulsadas por el actual gobierno y su aplicación en el terreno educativo.
Nota por Roberto López e Israel González Cano
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