La reforma para combatir el halconeo y el uso de cámaras de videovigilancia por parte del crimen organizado avanzó en comisiones del Congreso local.
La Comisión de Justicia del Congreso de Baja California aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal para castigar con 3 a 8 años de prisión la instalación o uso de cámaras de vigilancia en vía pública con fines delictivos, lo que también se conoce como halconeo, es decir, la colocación de cámaras por parte del crimen organizado para vigilar movimientos de autoridades, planificar delitos o extorsionar.
Dicha reforma contempla aumentar penas hasta la mitad en los casos en los que se use a menores de edad, exista participación de servidores públicos o se utilicen vehículos que simulen ser oficiales. Además, también castiga interferir con sistemas de videovigilancia pública o poseer equipos para bloquear comunicaciones oficiales.
Es importante señalar que esta reforma no castiga el uso de cámaras en domicilios particulares, comercios o industrias.
Fue la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien promovió esta reforma bajo el argumento de combatir a la delincuencia sin afectar los derechos humanos o la seguridad privada.
El siguiente paso de la reforma es su votación en el pleno del Congreso local y, una vez aprobada, se publicará en el Periódico Oficial para entrar en vigor.
Nota por Aldair Iturbero
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