La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un avance clave para el sistema jurídico mexicano, señaló Amanda Columba Real Beltrán, profesora de tiempo completo en CETYS Universidad Campus Mexicali.
Indicó que, al dejar atrás los modelos basados en la confrontación para dar paso a una justicia más colaborativa, esta reforma no solo unifica los procedimientos civiles y familiares en el país, sino que también impulsa un diálogo abierto y orientado a la reparación del daño, un elemento central para fortalecer el ámbito familiar.
La experta explicó que anteriormente los procesos legales se concebían como disputas en las que cada parte buscaba ganar y delegaba en un tercero la solución del conflicto, lo que generaba tensión, desgaste emocional y resultados poco satisfactorios, sobre todo cuando había niñas, niños y adolescentes involucrados. Con el nuevo código, se busca dinamizar los procedimientos, hacerlos más eficientes y reducir costos, tiempos y afectaciones emocionales.
Este enfoque pretende sanar relaciones dañadas, disminuir los efectos de la confrontación y reconstruir vínculos familiares mediante el diálogo inclusivo, la empatía y el acompañamiento profesional.
El código reconoce que los conflictos familiares van más allá del aspecto legal, ya que también implican afectaciones emocionales. Por ello, promueve la participación activa de las partes, el reconocimiento del conflicto y la corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones.
Aunque este mecanismo no es obligatorio, sí genera beneficios importantes; sin embargo, se excluyen casos graves, como aquellos relacionados con violencia sexual contra menores.
Nota por Mauricio Higuera e Israel González Cano
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