Funcionarios del Estado falsifican actas de defunción para robar casas a adultos mayores. En una escalada de corrupción que involucra a servidores públicos del gobierno estatal, se ha documentado un esquema sistemático de falsificación de actas de defunción con el fin de despojar a adultos mayores de sus viviendas. Este fraude inmobiliario, que ya acumula múltiples denuncias, ha encontrado en la Fiscalía no un freno, sino un cómplice silencio, pues las investigaciones avanzan a paso de tortuga mientras las víctimas ven perder su patrimonio.
El caso de Luz Esther Meléndrez, de 80 años, es un claro ejemplo. A pesar de que la señora Meléndrez goza de plena salud y está viva, a través de un notario público al que se le presentó un acta de defunción apócrifa, acompañada de un certificado médico firmado por una doctora con cédula profesional (cuya autenticidad y ética están bajo sospecha) y avalada por testigos que al parecer forman parte de la misma red, se promovió un juicio sucesorio testamentario que designa como heredero universal a un agente inmobiliario, quien ya tiene la casa en venta.
El discurso oficial del gobierno estatal se llena de declaraciones enfáticas sobre su compromiso con la defensa de las mujeres, la erradicación de la violencia en todas sus formas y la protección prioritaria de los adultos mayores. Sin embargo, el caso de Luz Esther Meléndrez expone la enorme distancia entre las palabras y los hechos. Desde febrero de este año, la afectada presentó su denuncia ante las autoridades, pero hasta hoy la unidad investigadora no ha tenido siquiera la cortesía de ponerse en contacto con ella. No hay llamadas, no hay citatorios, no hay avances.
El desinterés de la autoridad es evidente. Frente a un fraude inmobiliario que utiliza documentos falsificados y que involucra a funcionarios públicos, la Fiscalía opta por la inacción. Y esa inacción, en el mejor de los casos, es negligencia; en el peor, complicidad.
La firma inmobiliaria Certessa reveló que en su agencia suman al menos 100 casos de despojo a adultos mayores mediante actas de defunción falsificadas, con la presunta participación de funcionarios públicos. Delitos como fraude, falsificación de documentos, usurpación de funciones y delincuencia organizada confluyen en estos expedientes, pero la autoridad no ha activado alertas ni ha dado respuesta a las víctimas.
Ante la gravedad y el crecimiento de estas prácticas, legisladores y organizaciones exigen al gobierno estatal la creación de una unidad especializada en fraudes inmobiliarios, un tema que se ha agravado por la crisis de vivienda social en la entidad. Sin embargo, mientras las promesas oficiales se acumulan, cientos de familias siguen sin certeza jurídica sobre su patrimonio y sus denuncias continúan en el olvido.
Lo más grave: el aparato estatal no solo ha tolerado estas maniobras, sino que las ha facilitado. La participación de funcionarios públicos en la cadena de falsificación —desde la expedición irregular de certificados hasta la validación notarial— revela un modus operandi que convierte al gobierno en socio del crimen patrimonial. Mientras la víctima lucha por recuperar lo suyo, la Fiscalía guarda silencio y los expedientes se acumulan sin que se ejerza acción penal contra los verdaderos responsables.
Nota por Roberto López e Israel González Cano
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