La Cámara de Diputados aprobó, con 324 votos a favor y 129 en contra, una reforma que prohíbe los vapeadores en México. La decisión se tomó tras reiteradas advertencias de autoridades sanitarias sobre los daños que ocasionan estos dispositivos y su creciente consumo entre jóvenes. El dictamen, impulsado en San Lázaro, forma parte de la política federal para frenar el acceso a estos productos. La iniciativa fue promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, ante el aumento del uso de vapeadores en adolescentes, situación que diversas instituciones han señalado como una posible “puerta de entrada a otras adicciones”.
La discusión parlamentaria colocó el tema en el centro del debate nacional, destacando su relevancia para la salud pública y la protección de la población joven. Entre los daños a la salud documentados se encuentran la irritación e inflamación crónica de las vías respiratorias, el agravamiento del asma y el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en usuarios frecuentes. Una de las complicaciones más graves es la neumonía lipoidea, causada por la inhalación de aceites presentes en los líquidos de estos dispositivos, la cual provoca tos severa, dolor torácico y dificultad respiratoria.
La reforma aprobada establece un marco punitivo estricto para hacer cumplir la prohibición. Las sanciones incluyen penas de uno a ocho años de prisión para fabricantes, distribuidores y vendedores, así como multas que pueden ascender a miles de veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, superando en muchos casos los 226 mil pesos.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reiteró que ningún vapeador cuenta con autorización sanitaria en México, lo que confirma su carácter ilegal dentro del mercado formal y refuerza la necesidad de mantener un marco estricto de vigilancia. El objetivo de estas modificaciones es doble: por un lado, reducir los riesgos sanitarios asociados al uso de vapeadores y, por otro, cerrar espacios al mercado ilegal, cuya rápida expansión en los últimos años ha dificultado el control de su distribución, especialmente entre menores de edad.
Nota por Roberto López e Israel González Cano
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