Después de que el Congreso de Baja California aprobó la ley antiextorsión, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano Sosa, aseguró que esta normatividad tiene más un trasfondo político que una solución clara y efectiva para prevenir el delito de extorsión.
Quijano Sosa señaló que el incremento en las penas no inhibe la comisión de este delito, ya que la impunidad que prevalece en las fiscalías y la falta de acciones de prevención permiten que los extorsionadores continúen operando sin temor a ser castigados.
Asimismo, declaró que la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades provoca que muchas víctimas no denuncien los casos de extorsión, lo que contribuye a que este delito siga creciendo sin un combate efectivo por parte de las instituciones.
Nota por Arath Castillo y Yahely Portillo
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