Una investigación de este medio revela la operación de un cártel inmobiliario que integra a funcionarios estatales, CFE, CESPM, Registro Civil, notarías, funerarias y agencias de bienes raíces, articulados para despojar a familias de sus hogares mediante fraude, falsificación de documentos, usurpación de funciones y delincuencia organizada. Se tienen registrados al menos 100 casos de familias víctimas de esta red criminal. Sin embargo, la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales del Ministerio Público no ha activado alertas ni ha dado respuesta a los afectados. Esa inacción no es neutral: en el mejor caso, es negligencia; en el peor, complicidad. Mientras los expedientes se acumulan, el despojo continúa con la tolerancia del Estado.
En varios de los fraudes inmobiliarios documentados por este medio, ha quedado al descubierto la participación activa de funcionarios de la CFE y de la CESPM, quienes, en colusión con los ocupantes ilegales, han procedido a realizar nuevas conexiones de servicios públicos en los inmuebles despojados, sin exigir la documentación que acredite la legítima posesión. Esta conducta no es un mero error administrativo: implica desconocer de manera deliberada el derecho de las víctimas, los verdaderos propietarios, y legitimar de facto a quienes han tomado sus viviendas por la vía del fraude o la usurpación. Lo más grave es que la propia Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) se ha negado sistemáticamente a recibir las denuncias de los afectados, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de reparación y evidenciando que la omisión institucional no es casual, sino parte de un engranaje que facilita el despojo.
El fraude inmobiliario va en claro ascenso en Baja California, alimentado por dos prácticas particularmente lesivas: la presentación de documentos falsificados y la promoción de juicios simulados en otros estados, que luego son utilizados para despojar a los ciudadanos de sus hogares con apariencia de legalidad. Ante este escenario, las víctimas y organizaciones defensoras han lanzado una alerta dirigida a todas las personas interesadas en adquirir una vivienda: antes de depositar su patrimonio en manos de un vendedor, agente o notario, es indispensable investigar a fondo la situación legal del inmueble, verificar la cadena de propietarios y asegurarse de que no existan juicios o gravámenes ocultos.
En tanto, la impunidad prevalece en la entidad. Mientras las víctimas luchan por recuperar lo suyo, la Fiscalía guarda silencio y los expedientes se acumulan sin que se ejerza acción penal contra los verdaderos responsables.
Nota por Roberto López e Israel González Cano
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