Saltillo, Coah. Un juez de control vinculó a proceso a Stella “N” por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria, en un hecho considerado inédito en Coahuila y a nivel nacional. La determinación se tomó tras una audiencia en la que la Fiscalía presentó indicios derivados de un conflicto familiar, en el cual —de acuerdo con la acusación— los hijos de la pareja habrían sido utilizados para provocar daño emocional al padre, Jhonny Robles. El juzgador estimó suficientes los elementos expuestos y fijó un plazo para la investigación complementaria.
La violencia vicaria está contemplada en el artículo 251 del Código Penal de Coahuila como una forma específica de violencia familiar. La norma sanciona a quien emplee, por acción u omisión, a personas dependientes —principalmente hijas e hijos, pero también adultos mayores, personas con discapacidad o incluso animales de compañía— con la finalidad de afectar a un tercero, generando un daño psicoemocional o físico.
El abogado Ricardo Torres Mendoza, especialista en derecho familiar, explicó que este tipo de violencia no se ejerce de manera directa contra la víctima principal, sino a través de terceros, usualmente los menores. Conductas como impedir la convivencia, manipular emocionalmente a los hijos o utilizarlos para deteriorar el vínculo con la expareja encuadran en esta figura legal.
En la carpeta de investigación se señala una negativa reiterada al contacto entre el padre y sus hijos, así como acciones orientadas a debilitar la relación paterno-filial. Con base en ello, la Fiscalía estatal clasificó los hechos como violencia vicaria, figura incorporada al marco legal en 2023.
El Código Penal local prevé para la violencia familiar penas de seis meses a seis años de prisión, además de sanciones accesorias como la pérdida de la patria potestad, limitaciones al régimen de visitas y restricciones en derechos sucesorios. También contempla medidas de protección, como la prohibición de acudir a ciertos lugares, según lo determine el juez.
La defensa de Stella “N” negó las acusaciones y adelantó que buscará modificar las medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmar periódicamente ante un juzgado en Colima, donde reside. Argumentó que la imputada compareció de forma voluntaria y recordó que anteriormente un juez había resuelto no vincularla a proceso por insuficiencia de pruebas, antecedente que ahora forma parte del debate jurídico.
El caso ha generado reacciones divididas: mientras colectivos y familiares demandan el reconocimiento y sanción de la violencia vicaria, otras organizaciones alertan sobre el riesgo de judicializar conflictos familiares complejos sin un análisis integral de cada situación.
Nota por Carlos Jiménez
Red informativa #Canal66 #Canal33mx #noticias
