La mañana de este viernes 31 de octubre, el exsecretario de Salud durante la administración de Jaime Bonilla, Alonso Pérez Rico, acudió a los tribunales acompañado de sus abogados para enfrentar una audiencia de vinculación a proceso. La acusación central señala que, en plena emergencia sanitaria por COVID-19, habría adjudicado de forma directa un contrato por 39,680,730 pesos a un único proveedor.
El juzgador citó a un total de seis exfuncionarios, de los cuales solo cuatro se presentaron ante el juez en la sala 4 del edificio de justicia en Río Nuevo. En esta audiencia se definiría si existe base suficiente para someterlos a un juicio por el presunto delito.
Durante la audiencia, solo tres de los cuatro exfuncionarios presentes contaban con defensa legal; el cuarto se presentó sin abogado. Los defensores solicitaron acceso a partes de la carpeta de investigación, argumentando que sus clientes desconocían los detalles de la citación y los cargos en su contra. Ante esta situación, el juez decidió diferir la audiencia hasta el próximo 3 de diciembre.
Además, el magistrado apercibió a los imputados y les ordenó presentarse ese mismo día ante la Fiscalía para proporcionar o corregir sus datos generales, con el fin de garantizar que sean citados correctamente en las próximas etapas del proceso.
Los recursos involucrados en los hechos investigados son de carácter federal, mientras que el resto de los señalamientos continúa bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
Nota por Roberto López e Israel González Cano
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